En la situación actual de emergencia climática y presión sobre los recursos naturales, la transición hacia un modelo energético más sostenible ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad urgente. El consumo de energía está directamente vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, a la huella de carbono que dejan nuestras actividades cotidianas, industriales y económicas. En este escenario, la mejora de la eficiencia energética se ha consolidado como una de las vías más eficaces y rentables para reducir emisiones, disminuir la dependencia energética exterior y mejorar la competitividad de las empresas (y la economía de los hogares).

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Cada vez más organizaciones, tanto públicas como privadas, toman verdadera conciencia del impacto que genera su actividad sobre el entorno y adoptan compromisos firmes para reducirlo. Se observa, además, una evolución significativa en la forma de abordar la sostenibilidad: frente a iniciativas meramente cosméticas o de imagen, comienza a imponerse una preocupación auténtica y estratégica por integrar criterios ambientales en la toma de decisiones. Las acciones que antes respondían al cumplimiento formal o reputacional ahora tienden a orientarse hacia mejoras eficaces, medibles y con impacto real. La eficiencia energética no solo se traduce en una menor factura, sino también en un refuerzo del cumplimiento normativo, una contribución tangible a los objetivos climáticos globales y una mejora de imagen corporativa. Implicarse activamente en medidas de ahorro energético es, hoy en día, una decisión estratégica alineada con los principios de sostenibilidad y responsabilidad empresarial que garantizan el futuro de la entidad.

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En este contexto, los mecanismos que reconocen y premian el ahorro energético logrado mediante acciones concretas adquieren un papel fundamental. Entre ellos destaca el Certificado de Ahorro Energético (CAE), un instrumento que permite cuantificar, verificar y monetizar las mejoras de eficiencia alcanzadas. Esta herramienta, ya implantada con éxito en otros países europeos, se ha introducido en España como una vía para canalizar inversión hacia medidas reales de reducción del consumo energético, con especial potencial en los sectores industrial y terciario.

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​​Los Certificados de Ahorro Energético o CAE son documentos oficiales que acreditan que una determinada actuación ha generado un ahorro energético real y cuantificable. Un CAE equivale a 1 kilovatio hora (kWh) de energía final ahorrada, y debe estar respaldado por un proceso de verificación técnica independiente.

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Este sistema se configura como una alternativa a la aportación económica obligatoria que ciertos operadores energéticos —los sujetos obligados— deben realizar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Desde 2023, estos actores pueden justificar parte de sus objetivos anuales mediante la entrega de CAE generados a partir de actuaciones ejecutadas por terceros. De este modo, el ahorro energético se convierte en un activo transferible que puede generar ingresos, incentivando su implementación práctica.

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El sistema español de CAE se inspira en experiencias europeas consolidadas. Países como Francia, Italia o Polonia cuentan con esquemas similares desde hace más de una década.

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Francia implantó su sistema, conocido como “certificados blancos” en 2006 y ha conseguido movilizar miles de millones de euros en inversiones en eficiencia energética, principalmente en el sector residencial. Se trata de un modelo basado en objetivos plurianuales impuestos a las distribuidoras de energía, cuyo cumplimiento deben justificar mediante la entrega de estos certificados ‘blancos’. Entre las claves de su éxito destacan el buen funcionamiento de un mercado secundario y una regulación muy desarrollada en materia de fichas técnicas. El sistema ido evolucionando con los años, aumentando su ambición y endureciendo los requisitos de trazabilidad y calidad. Es, probablemente, el modelo que más ha influido en el desarrollo del sistema español, aunque con diferencias importantes.

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Italia, por su parte, implantó su sistema en 2005, con un enfoque más dirigido al sector industrial y las redes de distribución. Aunque ha atravesado periodos de inestabilidad normativa, ha permitido canalizar inversiones hacia tecnologías más eficientes.

 

En Polonia, el sistema se basa en licitaciones y subastas con fuerte participación de las autoridades públicas. Aunque su volumen ha sido menor, ha contribuido a integrar la eficiencia energética en la política energética nacional desde un enfoque centralizado.

 

España ha optado por una implantación progresiva del sistema CAE, adaptada a su marco normativo y administrativo. La entrada en vigor del Real Decreto 36/2023, unida al desarrollo del registro nacional (aún en fase de implementación) y a la implicación activa de las comunidades autónomas, ha permitido estructurar un sistema equilibrado entre centralización y gestión territorial. No obstante, uno de los retos actuales es la unificación de criterios entre regiones, especialmente en aquellos casos en los que se plantean actuaciones replicables en distintos territorios, lo que en ocasiones genera complejidades innecesarias. A pesar de ello, el modelo español ha sabido recoger aprendizajes clave de otras experiencias europeas y continúa perfeccionándose para lograr una aplicación más ágil, coherente y homogénea en todo el país.

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Con una base normativa sólida, exigencias técnicas claras y un ecosistema profesional en crecimiento, el sistema español está en condiciones de consolidarse como referencia en Europa, tanto por su diseño como por su potencial para generar beneficios económicos, energéticos y ambientales de forma estructurada y verificable.

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En el sistema español, de forma similar al caso francés, se distinguen dos tipologías de actuaciones: las actuaciones estandarizadas y las actuaciones singulares. Las primeras emplean fichas técnicas publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que definen de forma simplificada el método de cálculo del ahorro estimado para diferentes tipos de intervención, como pueden ser la sustitución de luminarias, el cambio de refrigerante en instalaciones frigoríficas o la rehabilitación térmica de un edificio, y que se agrupan en cinco sectores diferentes. Las actuaciones singulares, por su parte, requieren un cálculo específico y justificado, normalmente porque la medida efectuada no encaja en ninguna ficha de catálogo publicada. Estas últimas suelen ser actuaciones de mayor volumen, que generan un mayor número de CAE y que, por tanto, también suponen una mayor complejidad técnica.

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En ambos casos, y a diferencia del resto de Europa, la generación de CAE está condicionada a un proceso de verificación externa realizado por una entidad acreditada por ENAC. Esta verificación garantiza que el ahorro declarado es correcto y que se cumple la normativa exigida.

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El verificador, por tanto, desempeña un papel esencial. Se trata, como apuntaba, de una figura no presente como tal en otros modelos europeos y que en el sistema español representa una garantía de fiabilidad, independencia y rigor técnico. Se exige que sea una entidad acreditada por ENAC conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17029 y la especificación UNE-EN ISO 14065. Su labor va más allá de revisar documentación: evalúa la coherencia del expediente, los contratos asociados, la metodología de cálculo, la trazabilidad de los datos y la ejecución real de la actuación. Sin su informe favorable, el CAE no puede ser emitido ni registrado y, por tanto, no puede monetizarse.

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Desde la experiencia de las entidades de verificación, podemos constatar que esta figura aporta valor añadido al sistema, eleva la calidad técnica de los expedientes y actúa como garante de integridad en un contexto de creciente volumen y pluralidad de actores. La calidad del proceso de verificación es, sin duda, un factor estratégico para el éxito y la credibilidad del sistema CAE a largo plazo.

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Precisamente por su rápido crecimiento, resulta imprescindible asegurar una supervisión rigurosa y un procedimiento técnico fiable que otorgue confianza a todos los agentes implicados. Desde su puesta en marcha, el sistema ha evolucionado de forma sostenida, registrando una aceleración significativa en el primer semestre de 2025.

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Según el informe publicado por el Ministerio, de enero a junio de 2025 se han presentado 1.632 solicitudes, correspondientes a un volumen acumulado de ahorro de 3.441 GWh, lo que representa un 26,3 % de cumplimiento del objetivo anual, fijado en 5.815 GWh. En todo el año 2024 hubo un total de 755 solicitudes, que corresponden a un volumen de ahorro equivalente a 1.644GWh. Lo que nos indica el espectacular aumento de las cifras del sistema, pues el primer semestre de 2025 duplica a la totalidad del año anterior.

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El mes de junio ha sido especialmente significativo, con 277 solicitudes y 676 GWh certificados, cifras muy por encima de las registradas en meses anteriores. La tendencia de los datos refleja una mayor madurez del sistema, un mejor conocimiento del esquema por parte de los agentes y una consolidación progresiva del mecanismo.

 

El sector industrial lidera la generación de CAE, gracias a su elevado consumo energético, capacidad de inversión y experiencia previa en auditorías de esta índole. También se observa un crecimiento sostenido en el sector residencial, especialmente a través de empresas de servicios energéticos y proyectos comunitarios. El sector terciario, aunque aún con menor peso, muestra un potencial creciente.

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Entre las medidas más comunes destacan la sustitución de iluminación convencional por tecnología LED, la renovación de sistemas térmicos, la mejora del aislamiento de edificios, la instalación de sistemas de control energético y la optimización de procesos mediante tecnologías más eficientes. Por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Galicia y Castilla y León lideran el volumen de ahorro solicitado, lo que evidencia una implicación activa a nivel regional.

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El sistema de Certificados de Ahorro Energético ha pasado, en poco tiempo, de ser una herramienta desconocida a convertirse en un instrumento eficaz, dinámico y con impacto tangible en la estrategia energética del país. No solo permite reconocer técnicamente los ahorros obtenidos, sino que los transforma en valor económico, fomentando inversiones que contribuyen directamente a los objetivos climáticos de España y de la Unión Europea.

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El creciente respaldo institucional y financiero al sistema CAE queda reflejado en el interés de entidades bancarias que ya han comenzado a ofrecer productos específicos asociados a esta herramienta. Es el caso de Bankinter o BBVA, que han lanzado líneas de financiación bajo la modalidad de “Préstamos CAE”, destinadas a anticipar el cobro derivado de la cesión de los certificados generados tras la ejecución de actuaciones de eficiencia energética. Este tipo de instrumentos financieros permite dotar de liquidez inmediata a los proyectos y refuerza el atractivo del sistema como mecanismo de inversión y competitividad empresarial. Su incorporación al catálogo de productos bancarios es un claro indicador de la consolidación del CAE como herramienta estratégica dentro del ecosistema energético nacional.

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El éxito del esquema dependerá de su capacidad para mantener un equilibrio entre agilidad operativa, rigor técnico y confianza institucional. En este marco, la figura del verificador se consolida como un pilar estructural: garante de calidad, independencia y transparencia. Su intervención asegura que el ahorro certificado tenga no solo valor regulatorio, sino también legitimidad técnica y confianza en el mercado.

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Desde nuestra experiencia, las entidades de certificación podemos afirmar que una verificación sólida es clave para la consolidación de un sistema CAE robusto y fiable, que beneficie al conjunto de los actores implicados y, en última instancia, a la sociedad.

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Porque ahorrar energía hoy, es invertir en el mañana.

 

Mónica Aguilar

Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación

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